​Colombia define sus necesidades en defensa y seguridad

Colombia ha definido, a lo largo de 2022, sus necesidades en materia de defensa y seguridad. Esas definiciones, no se circunscriben a la proyección de planes mediante los que las fuerzas plasman de manera precisa los programas de actualización y/o renovación que se deben adelantar, sino a la concreción desde el punto de vista presupuestal y la materialización de esos procesos.

En primer lugar, durante la saliente administración del expresidente Iván Duque, se logró por fin determinar, a partir de un trabajo realizado por el Ministerio de la Defensa y las mesas técnicas del Grupo de Interés para la Seguridad y Defensa Nacional (Gidese), los valores indispensables para la financiación de los principales proyectos de adquisición de equipos, mediante los que iniciar la modernización del Sistema Integral de Defensa y Seguridad Nacional (Siden). 

El por entonces ministro de defensa, Diego Molano, sostuvo que el sector defensa colombiano precisaría de aproximadamente 1.900 millones de dólares, que se destinarían a fortalecer las capacidades aéreas, navales y terrestres durante el período 2022-2032.

Dando pasos

En segundo lugar, la materialización efectiva del Siden al inicio de la presente administración presidencial, encabezada por Gustavo Petro, con la firma de los contratos para la construcción de la primera fragata del proyecto PES (Plataforma Estratégica de Superficie) y la cuarta OPV (POC/OPV-93C), por valores totales aproximados a los 430 millones de dólares; y el inicio del proceso de selección de un caza con el que reemplazar la actual flota de superioridad aérea, para el que se tendría un presupuesto aprobado de aproximadamente 1.200 millones de dólares. 

En este punto, cabe recordar que, a finales de marzo del 2022, el Ejército -a través de la Davaa- habría seleccionado un sistema de defensa antiaérea de corto/mediano alcance, aprobándose un presupuesto de 200 millones de dólares.

Estos tres proyectos, el primero ya concretado, el segundo por concretarse y el tercero sin información nueva a la fecha, suman en total el mismo valor destinado inicialmente para el fortalecimiento del sector, aunque cabe resaltar que dentro del Conpes aprobado para el SIDEN se aceptaron un total de cinco proyectos: dos para la Armada, uno para la Fuerza Aérea, otro para el Ejército y uno para la Policía, que enmarcan la adquisición de sistemas convencionales de diferentes valores y capacidades, pero seleccionando cada fuerza el activo estratégico principal, es decir las PES para la ARC, los cazas para la FAC, el sistema de defensa antiaérea para el EJC y la renovación de la flota del servicio aéreo para la Policía, que se ha concretado en parte con la compra de tres aeronaves. 

Adicional a esto, cabe resaltar la aprobación de los recursos para la construcción del Proyecto Fortaleza nuevo complejo de edificios del Ministerio de Defensa, destinándose recursos 343 millones, pero del rubro de gastos de funcionamiento del presupuesto general de la nación.

Y sin embargo

Quedan, sin embargo, toda una serie de necesidades de actualización, renovación y adquisición de sistemas tales como la renovación de la flota de aviones lifts (para reemplazar a los Cessna A-37B), la adquisición de un sistema misilístico para el Sistema Integral de Defensa Aérea (Sisdan), de un sistema Vshorad móvil para la Infantería de Marina la compra de más sistemas ATGM del tipo Rafael Spike ER, la compra de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MRLS), así como de artillería autopropulsada para el Ejército -que ya ha seleccionado al sistema Nexter Caesar de 155/52mm-  y una detallada lista de medios y equipos, a partir de los cuales poder cumplir con el objetivo de creación de unas capacidades mínimas disuasivas, hoy ausentes. 

En síntesis una amplia lista de medios, cuyas adquisiciones han sido solicitadas, luego de ser ampliamente justificadas técnicamente por las Fuerzas Armadas, a sucesivos gobiernos, satisfaciéndose esos pedidos de forma ocasional y en cantidades mínimas, postergando un proceso que pone en riesgo los principales activos económicos nacionales ante escenarios geopolíticos mundiales que han demostrado sobradamente la necesidad de contar con capacidades disuasivas frente a potenciales conflictos, independientemente de las afinidades que -desde el punto ideológico- puedan presentarse en momentos coyunturales. Este nuevo Gobierno -parece- que lo ha entendido así, esperando que ese interés no quede solo en eso.