El negocio de las armas a Colombia, una trampa gigantesca para las empresas italianas y Massimo D’Alema

Decidí esperar varios días tras la publicación de la "nueva" noticia relativa a la supuesta venta de un paquete de sistemas de armamento a Colombia por parte de dos empresas italianas.

La noticia es que la justicia italiana ha decidido, después de un año, acusar de corrupción internacional no sólo a algunos personajes menores y a altos ejecutivos de Leonardo y Fincantieri sino también a Massimo D'Alema, ex primer ministro de Italia, ex ministro de Asuntos Exteriores, ex presidente de la comisión parlamentaria de los servicios secretos, ex secretario del Partido Democrático de Izquierda, partido que desciende del antiguo Partido Comunista. En resumen, un honorable y excelente ex de numerosos cargos gubernamentales y no gubernamentales. Massimo D'Alema no tiene fama de ser un hombre extremadamente simpático. Al contrario, ha hecho de su antipatía un motivo de relevancia política y social. Su grosería hacia los adversarios, pero también hacia sus compañeros de partido o de alianza en Italia es conocida, detestada, pero también, por otro lado, apreciada. Ahora se preguntarán por qué esta descripción de un político ya pasado, ya no influyente en el panorama político italiano.

En cambio, escribo sobre él porque mis ideas y opiniones están muy alejadas de las de Massimo D'Alema, y su antipatía me afecta mucho, pero también porque considero que la apertura de la investigación sobre el asunto Colombia es una de las habituales investigaciones de la justicia italiana que terminarán en nada. Una investigación inútil, costosa para los contribuyentes italianos, una pérdida de tiempo para los jueces, que podrían ocuparse de delitos graves y reales, y probablemente también un motivo de encono judicial hacia una persona que en mi opinión no ha cometido ningún delito.

Un negocio de 2.000 millones y 80 millones de comisiones

La historia comienza con una noticia que inmediatamente pareció ser un bulo, como lo llamamos en nuestro país, es decir, una trampa. Dos personajes menores presumían ante D'Alema de conexiones de alto nivel en Colombia para colocar buques, aviones, helicópteros, un cuasi aeropuerto, incluso algún que otro submarino. Un pedido de 2.000 millones de euros. Desde luego, una perspectiva muy apetitosa para todos los que pudieran estar implicados. 

Se ha hablabo de comisiones, bajas en porcentaje, pero altas en efectivo, 80 millones de euros, un monto considerable que podía atraer mucho interés. El problema con D'Alema, experto en muchas cosas, pero quizá no lo suficiente como para comprender que quienes tienen amistades de alto nivel suelen conocer a alguien cercano a alguien en tal o cual país. Así que los dos conocían a algunas figuras menores en Colombia que, como suele ocurrir en estos países sudamericanos, pueden traer los negociadores antes a un ministro o incluso a encontrar al presidente, pero el trato no se hace allí, se hace a otros niveles, con los que preparan los pliegos de condiciones, los que saben lo que necesitan las fuerzas armadas, los que estudian las estrategias, los que saben como direccionar los fondos y, sobre todo, cuándo estarán disponibles.

En Colombia nadie en las Fuerza Armadas tenía conocimiento del posible pedido

En un país serio como Colombia, como yo lo he conocido, la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa son organismos muy serios, que no compran dos corbetas, ocho aviones, dos submarinos, así como así, en cuatro meses u ocho, o doce. En Colombia, un país que puede construir sus propias OPV, y ahora sus propias fragatas, intentar vender corbetas era lo más alejado de las intenciones de la Armada Nacional. Si Leonardo y Fincantieri hubieran analizado los supuestos deseos con sus proprias funciones corporativas, habrían aprendido que en Colombia un contrato de ese tipo nunca habría podido fructificar, que la Armada no buscaba corbetas de esa clase, que los fondos no estaban asignados, y que el aproche acordado no correspondía al enfoque correcto para realizar una venta de estas dimensiones.

Con el cambio de gobierno a finales del año 2022 se dispuso un cambio de algunos ejecutivos de primera línea, que al final se ha realizado en los primeros meses del 2023. No he entrado en los tecnicismos de cómo se desarrollaron las discusiones, pero el hecho de que se llegó a firmar un acuerdo con dos oficiales retirados de la Armada Nacional es tan sensacional que los expertos del sector todavía no se lo pueden creer.

Investigación sin delito, sin corruptor, ni corruptores

De hecho, hay diarios y periódicos italianos que titulan sus artículos con Las armas vendidas a Colombia… Mientras, la orden de trabajo, como ha sido denominada desde el principio del escandalo, nunca existió, las negociaciones nunca empezaron, el presidente D'Alema está siendo investigado por corrupción internacional, pero no hay contrato, no hay cliente, no hay movimiento de dinero, no hay promesa de pagar sobornos a nadie, no hay sobornador, no hay sobornado. No hay delito, salvo la falta de profesionalidad de las partes italianas, a todos los niveles. Sería interesante saber qué investigará la justicia italiana. Más bien, de la lectura de la información filtrada se desprende que las dos empresas italianas, habrían tenido que pagar una comisión a los representantes (en Estados Unidos y Colombia) aunque el negocio no se habría realizado. Esto es lo único desconcertante. Imagino que las due diligence de las dos empresas es completamente similar y una práctica así no sería aceptable para los severos organismos de control. Por eso se estima que al final todo el asunto sólo podía acabar de una manera: sin contrato, con el pago de una importante cantidad de dinero para recompensar a los "representantes" por sus "falsos esfuerzos".

Una trampa

Por lo tanto, me permito desearle al presidente D'Alema una pronta salida de esta situación, aconsejándole que evalúe mejor a los personajes de los que se rodea. Los jueces italianos necesariamente tendrán que cerrar el caso (muy lentamente, conociendo la justicia italiana, no antes de unos 4 o 5 años), sin condena alguna, por no haber cometido el hecho o porque el hecho no es constitutivo de delito.