La compañía Santa Bárbara Sistemas ha implementado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en todos sus centros como consecuencia de las medidas de prevención para luchar contra el Covid-19, tras llegar a un acuerdo con el comité Intercentros y garantizando un mínimo impacto en los salarios de sus empleados.
Según ha podido saber Infodefensa.com, el ERTE afecta globalmente a cerca del 70 por ciento de la plantilla y entró en vigor el 1 de abril. Su plazo de aplicación es hasta el 30 de junio y el número de trabajadores incluidos puede variar mensualmente.
Tras varias rondas de negociaciones con el comité Intercentros, las dos partes llegaron a un acuerdo el martes por la tarde, aceptable para ambas, que, entre otras cosas, implica que la dirección de la compañía complementará hasta el 90 por ciento del sueldo garantizado de aquellos trabajadores incluidos en el ERTE.
En este caso, la medida fue presentado por causas técnico-organizativas y como consecuencia de la necesidad de mantener las distancias de prevención y lo estipulado por el real decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo.
La aplicación del ERTE se produjo después de que la dirección adoptara durante dos semanas otra medida de flexibilidad que permitió que los trabajadores de línea permanecieran en casa sin perder sus salarios al activar un artículo del Convenio Colectivo que permite recuperar las horas posteriormente bajo ciertas condiciones. Una fórmula parecida a la aprobó la semana pasada el Gobierno para evitar un impacto muy negativo en el empleo como consecuencia de las medidas de restricción de movimientos y de servicios esenciales.
En un mensaje enviado a toda la plantilla, el director ejecutivo y vicepresidente de Artillería y Vehículos de Cadenas de Santa Bárbara Sistemas, Juan Escriña, reconoció que se enfrentaban a una “situación crítica pero transitoria” y agregó que la medida “también es temporal y revisable cuando se recupere la actividad laboral”.
La compañía no ha desvelado como afectará el ERTE a cada uno de sus centros de trabajo pero si ha explicado que la obligación de mantener una distancia de dos metros para prevenir el Covid-19 y las medidas excepciones aprobadas por el Gobierno impide que se pueda seguir fabricando con normalidad.
Por ello, la suspensión de la producción es mayor en la fábrica de Trubia (Asturias), donde se llevan a cabo los trabajos de soldadura de barcazas y estructuras blindadas, que en Sevilla donde tiene lugar el montaje final. Se mantiene en teletrabajo aquel personal que es imprescindible para mantener la actividad.
Asimismo y en cumplimiento de lo estipulado en el real decreto de actividades esenciales, la compañía ha fijado servicios mínimos imprescindibles para el mantenimiento de las capacidades industriales y aquellas funciones que deben garantizar una rápida recuperación de la actividad cuando sea posible.