Voluntad política

La financiación de las políticas públicas depende de las posibilidades económicas de una nación. Tiene además, indudablemente, un carácter subjetivo ligado a la prioridad que los gobernantes otorguen a cada una de ellas en cada momento en función de diferentes variables. Así la política de defensa debe financiarse poniendo en valor su prioridad en relación con otras.

Dentro de ella, además, debe considerarse la importancia que se otorga a las inversiones en sistemas de armas y tecnología, que repercuten en la operatividad de las Fuerzas Armadas y que tienen un componente adicional, como elemento generador de actividad industrial. Las inversiones en defensa tienen igualmente un componente social y laboral en algunas zonas concretas que merece la pena considerar. Las recientes movilizaciones en Cádiz son solo un ejemplo para ilustrar lo que decimos. Se trata de garantizar la capacidad de defensa y generar riqueza, algo a lo que ningún gobernante debería renunciar.

A finales de 2017 el Gobierno anunció la intención de iniciar un nuevo ciclo inversor para impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas y potenciar la actividad industrial. Ese ciclo se llegó a valorar desde el propio gobierno en alrededor de 25.000 millones de euros. Su puesta en marcha chocó, al parecer, con diferencias de criterio entre los departamentos de Defensa y Hacienda. Se produjo una parálisis por excesivo análisis y las declaraciones políticas no se materializaron en hechos concretos.

El panorama ha cambiado. Desde julio, y hasta la aprobación el 16 de noviembre de la autorización para contratar la segunda fase del programa NH90, el Consejo de Ministros ha autorizado inversiones por un valor que supera los 6.000 millones de euros. Entre ellos se incluyen 235 millones para financiar operaciones en el exterior, una disponibilidad que llega tarde nuevamente, puesto que su aprobación a finales de octubre no permite su aplicación oportuna para determinadas actividades que se han visto afectadas por la tardanza en la aprobación.

Ahora no se habla de 'nuevo ciclo inversor'. Se trata de 'recuperar capacidades'. Eufemismos aparte se han autorizado proyectos de inversión, basados previamente en un esfuerzo de planificación importante, realizada por los técnicos no lo olvidemos, para potenciar la operatividad militar y las capacidades industriales españolas.

La voluntad de recuperar inversiones se ha materializado, de forma concreta, en la autorización para contratar la modernización de helicópteros Chinook por un importe de 819 millones de euros, y de la correspondiente para el contrato de fabricación de 23 NH90 GSPA y versión naval por importe de otros 1.381 millones. Decisiones que suponen pasar 'de las musas al teatro'. O más finamente pasar de acuerdos declarativos a compromisos ejecutivos. Insistimos que el trabajo técnico estaba hecho y solo faltaba la decisión política a pesar de que altas instancias del Ministerio citaban recientemente deficiencias en la previsión de necesidades.

Estas autorizaciones para contratar vienen, además, precedidas por una reprogramación de los compromisos de pago de programas especiales, que incrementa el techo de necesidades a corto plazo pero que permite finalizar pagos de algunos programas y liberar capacidad financiera a largo plazo.

¿Qué supone esto? Previsiblemente y si el gobierno sigue siendo coherente con el camino iniciado, hasta final de año deberíamos ver también los acuerdos específicos sobre los programas F110 y 8x8. Estos dos programas, que los responsables militares se han cansado de señalar como prioritarios, tienen claras repercusiones industriales.

En definitiva se van abordando paso a paso las inversiones de acuerdo con las previsiones que se contemplaban desde los órganos de planificación militar. No ha habido una falta de previsión por parte de los organismos técnicos. Lo que ha cambiado es la voluntad política.