El ministro de Defensa Nacional de Chile, Alberto Espina, y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Juan Francisco Galli, asistieron a una sesión de la Comisión de Defensa del Senado para continuar con el análisis del informe del proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional. La reunión se llevó a cabo el 25 de septiembre en Valparaíso, donde las autoridades acotaron las definiciones del proyeto que actualmente se encuentra en segundo trámite legislativo. Cabe señalar que el presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el 6 de agosto las indicaciones al proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo plurianual de financiamiento de las capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas, y que además derogará la Ley Reservada del Cobre (LRC) que actualmente asigna el 10% de las exportaciones del metal. En la firma de las indicaciones Piñera señaló que "la Defensa Nacional es un asunto de Estado, pues se trata de resguardar la soberanía, la seguridad de nuestra patria. Y en este campo las Fuerzas Armadas son fundamentales y necesitan contar con los recursos estables y adecuados para cumplir con esa función, pero, además, porque deben cumplir su misión en tiempos de guerra y en tiempos de paz. De ahí un concepto de una fuerza polivalente". Actualmente el gasto en Defensa se financia a través de dos mecanismos: el presupuesto anual para cubrir el gasto ordinario como salarios, entrenamiento u operaciones (80%). Y el segundo, con la LRC que financia las adquisiciones destinadas a mantener las capacidades estratégicas (20%). El jefe de Estado dijo que se espera que "el mecanismo de financiamiento también sea un mecanismo más transparente, un mecanismo más eficiente, un mecanismo en que exista un mejor control democrático de los gastos, las inversiones de nuestras Fuerzas Armadas y que, además, ese mecanismo de financiamiento no dependa de una variable, como es el precio del cobre". La nueva normativa destinada a las adquisiciones de capacidades estratégicas entregaría un presupuesto específico a cuatro años plazo, que se enmarcan dentro de una estrategia de 12 años de la Política de Defensa Nacional. El financiamiento de los primeros cuatro años será por 2.600 millones de dólares, provenientes de los saldos de la LRC. Posteriormente, se aplicará un piso mínimo anual garantizado que corresponderá al 70% del monto promedio de los gastos en operación, sostenimiento e inversiones de material bélico del periodo comprendido entre los años 2010 y 2017 (se propondría unos 500 millones de dólares). Además se plantea la creación de un Fondo de Contingencia Estratégico que va a contar con un monto inicial de 1.000 millones de dólares. Con lo anterior se busca un triple propósito: tener una Política de Defensa a 12 años, tener un presupuesto estable a cuatro años en materia de adquisición de equipamiento estratégico, y tener un Fondo de Contingencia Estratégico. También se incorpora la obligación del ministro de Defensa, previo a la discusión del presupuesto anual, de presentar a las comisiones técnicas del Congreso Nacional, en forma reservada, sobre la actualización del plan de inversiones de las capacidades estratégicas de la Defensa. Se espera que la LRC sea derogada a la brevedad, sin embargo, el aporte de la Corporación del Cobre (Codelco) permanecerá por un periodo de ocho años, pero ahora asignado al Estado. Luego de este plazo ese aporte irá disminuyendo de forma gradual para evitar cambios bruscos en la financiación estatal.