Petro insiste en la eliminación del permiso especial de armas en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en la eliminación del permiso especial para la portación de armas amparadas en el país.

Para Petro este tema esta relacionado con lo que ha denominado "justicia social" y promueve "un plan de desarme mucho más eficaz" en todo el país. "Yo pienso incluso que hay que eliminar el porte especial de armas", opinó el presidente.

Las nuevas declaraciones, que se producen casi un mes después de su primer pronunciamiento en este sentido (calificándolo en ese momento como "buen negocio"), se dieron en el marco de un Consejo de Seguridad celebrado en días pasados en la ciudad de Bogotá, en donde se discutieron nuevas estrategias para combatir la ola de inseguridad y violencia que azota a esta ciudad.

Prohibiciones vigentes

Cabe anotar, que mediante el decreto 1873, del 31 de diciembre de 2021, se extendió entre el primero de enero y el 31 de diciembre del 2022, la prohibición del porte de armas, argumentando que el monopolio de estas debe estar en manos del Estado y que dicha medida, estadísticamente, muestra una disminución de homicidios precisamente con este tipo de armas de fuego. 

Sin embargo, el Ministerio de la Defensa viene permitiendo el proceso de trámite y aprobación -a través del DCCAE-, de permisos especiales de porte (regional o nacional), por razones comprobables de seguridad del solicitante, o por estar incluido dentro de listado de excepciones establecido por dicha cartera.

Dura realidad

Sin embargo, la percepción de la realidad en materia de seguridad por parte de los ciudadanos es contraria a las estadísticas, y ven en dicho anuncio una medida opuesta a esa realidad, con la cual el nuevo gobierno pretende esconder que un altísimo porcentaje de los homicidios con armas de fuego se llevan a cabo con armas que provienen del mercado ilegal, -el 91 % de las decomisadas, siendo de hecho muchas de ellas alquiladas por organizaciones que prestan ese servicio-, comercio que crece debido a los vacíos jurídicos y penales que afectan el accionar policial.

La lentitud por parte del estado en la reforma de la Justicia, la congestión en la resolución de procesos, la burocracia y los trámites, ha generado un aumento en la necesidad –por parte de la población- de solicitar la tenencia o el porte de un arma legal, pero que por las trabas impuestas por las sucesivas restricciones (expedidas desde el 2016), han generado contrariamente un auge del mercado negro, lo que ha redundado en un aumento de la inseguridad, propiciando otros escenarios violentos, productos estos de la impotencia ante la inoperancia del estado, que no puede garantizarles la seguridad a sus ciudadanos, lo que a su vez conlleva a la búsqueda de soluciones (alternas por fuera de la legalidad), que afectarán aún más no solo la seguridad, sino la convivencia ciudadana y el orden público de esta nación.