Chile investiga facturas falsas del Ejército por valor de diez millones de dólares

Chile investiga la emisión de facturas presuntamente falsas por valor de diez millones de dólares en el Ejército ligadas a los fondos reservados del cobre en un caso que ya ha sido bautizado como el Milicogate. El escándalo se destapó este mismo otoño, cuando se descubrió que funcionarios del Ejército realizaban compras supuestamente falsas de repuestos para autos militares y los pagos correspondientes a estos artefactos pasaban a formar parte del patrimonio personal de los involucrados.

Según todas las investigaciones, además de la compra de estos repuestos, a los proveedores del Ejército se les pagaba por trabajo de reparación que nunca fueron realizados. Una vez pactado el acuerdo, el proveedor emitía una boleta para justificar los gastos y ganaba una comisión por “servicio prestado”.

El hecho fue reconocido por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien admitió al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas.

Lo que empezó como un caso acotado por facturas falsas devino en fraude al fisco y al uso irregular de fondos reservados de la ley reservada del cobre, financiamiento de las Fuerzas Armadas chilenas.

Los hechos fueron destapados por el semanario chileno The Clinic y empujaron al Ejército chileno a someterse a una auditoría externa, hecho que sucede por primera vez en 205 años.

Los involucrados

Los personajes supuestamente detrás de esta trama de fraude al fisco son el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz quienes están procesados por la Justicia Militar por la responsabilidad que les compete en este caso. En sus primeras declaraciones ante la Justicia Militar, el coronel Montero admitió que intercedió para obtener las facturas que el cabo Cruz le solicitó para la División de Mantenimiento, en especial para un supuesto beneficio del general Héctor Ureta, jefe de esa área.

El cabo Cruz fue el hombre que “procesaba” las boletas y hacía que estas fuesen creíbles. El uniformado admitió que falsificó la firma de un general; aseguró a la Justicia Militar que la iniciativa fue de Montero.

Actualmente el caso se encuentra en manos de la Justicia Militar y, en paralelo, existe una investigación civil y parlamentaria. En la cámara, Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón solicitaron a la Contraloría General de la República que fiscalice los fondos y gastos efectuados bajo la Ley 13.196, (ley reservada del cobre) y ejecutados por el Comando de Apoyo de la Fuerza del Ejército.