Costa Rica es uno de los países más seguros en el mundo, pero aún con eso necesita suficiente presupuesto en 2017 para hacer frente a un creciente problema de tráfico de drogas y crimen organizado que transita por su territorio. Sin embargo, ese acuerdo sigue en vilo en el Poder Legislativo.
Los diputados evaluaban, inclusive, trasladar una parte de fondos que el Estado destina a la Universidad para reforzar la Seguridad Pública, de manera de mantener el mismo presupuesto de 2016 para dicho fondo de la educación superior y que no experimente recorte, si es que si se puede considerar la semántica de los legisladores de esa forma: no aumentar presupuesto a las universidades no quiere decir recorte de fondos.
Se pretende entonces que el aumento de 2017 para Educación Superior, alrededor de 38.000 millones de colones, unos 68,5 millones dólares, pase a Seguridad. Estos recursos son distribuidos entre cuatro de las cinco universidades públicas y se utilizan principalmente para el pago de salarios.
Sin embargo, el Ministerio de Seguridad no está de acuerdo con esta posible solución que los diputados buscan para destinarle fondos a esta área y se insiste en la aprobación del impuesto a sociedades, para financiar la Seguridad Pública, así como mantener el presupuesto originalmente propuesto para 2017 por 440.000 millones de colones, alrededor de 792,8 millones dólares, para poder destinar los recursos a temas urgentes de Seguridad.
Mientras que el presupuesto ya recortado para el siguiente año se ha determinado en 212.000 millones de colones, aproximadamente 387,3 millones de dólares, inclusive menor a lo asignado en 2014.
Se calcula que si el Legislativo costarricense aprobara el Impuesto de Sociedades a tiempo para el ejercicio fiscal 2017, Seguridad percibiría un total de 40.000 millones de colones más, alrededor de 73 millones dólares, lo que bien pudiera sustituir lo que se pensaría sacar de los fondos de Educación Superior.
A pesar de eso, Seguridad no ha parado de realizar inversiones en el rubro, pero por otras vías este año y no con sus propios recursos, en la gran mayoría de los casos.
Por ejemplo, con un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se financia la construcción de 11 delegaciones a nivel nacional: ya la primera está inaugurada, dos que están terminadas solo esperando por detalles, como Pérez Zeledón y Alajuela (esta última es la provincia cercana a la capital San José donde se encuentra el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría).
Seguridad también necesita de más policías para repeler más hechos violentos que se están registrando en Costa Rica y se busca contratar ese personal por medio también de una extensión del impuesto a sociedades.
Esto porque en las últimas semanas, se han registrado balaceras en escenarios aparentes de ajuste de cuentas entre narcos, desde inicios de octubre en el puerto caribeño costarricense de Limón, como en municipios josefinos como Desamparados y ciudades circunvecinas a la capital costarricense como Heredia (nada menos este pasado domingo 16 de octubre).