Defensa investiga a Hércules de Armamento por incumplir el contrato

El Ministerio de Defensa ha abierto un expediente a la empresa Hércules de Armamento, concesionaria de la fábrica de armas de La Coruña, debido a las acusaciones de incumplimiento del contrato de gestión de las instalaciones. Como primera medida, el ministerio ha enviado un instructor que redactará un informe sobre la situación actual de las instalaciones y las responsabilidades reales de la compañía responsable de la concesión.

Defensa, de esta forma, quiere recabar toda la información posible para tomar en los próximos meses una decisión definitiva sobre el futuro de la factoría, que acumula meses de inactividad. El delegado de Defensa en La Coruña, el coronel Juan Carlos Orduña, informó de este paso hace unos días a los representantes de los trabajadores, según recogen diversos medios regionales.

La situación de la planta de Pedralonga está estancada desde hace tiempo. Los trabajadores llevan meses sin cobrar, los empleados despedidos en su día denuncian que sus contratos no fueron respetados, y la empresa acumula deudas con las empresas responsables de la seguridad de las instalaciones y con el Ministerio de Defensa, a quien debe el canon anual.

Orduña explicó en una primera reunión con los representantes de los antiguos trabajadores, Roberto Teijido y José Carrillo, que el proceso para la elaboración del informe tiene unos plazos marcados que no solucionarán la situación a corto plazo y se mostró abierto a recibir documentos sobre irregularidades por parte de los empleados.

La fábrica de armas en el Congreso

El PSOE ha llevado el debate al Congreso de los Diputados, donde en las últimas semanas ha presentado una proposición no de ley para abordar el futuro de la fábrica en la Comisión de Defensa y además ha remitido una serie de preguntas a la Mesa de la Cámara Baja.

En la proposición, el grupo socialista pide la adopción de medidas para garantizar la viabilidad industrial de la planta y una colaboración estrecha entre todas las autoridades implicas –Ayuntamiento de La Coruña, Xunta de Galicia, y Gobierno- para buscar una solución viable.

En esta línea, apuesta por "un plan específico que permita implementar programas con medidas de apoyo al desarrollo social y económico, así como el crecimiento y la recuperación de empleo en esta infraestructura industrial".