Cospedal logra reprogramar a 2017 los pagos de 2016 de los 18 Programas Especiales de Armamento

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha convencido al Gobierno de Mariano Rajoy para reprogramar a 2017 los pagos correspondientes a la anualidad de 2016 de los 18 Programas Especiales de Armamento (PEA), una de las mayores preocupaciones que tenía la industria que no ha podido cobrarlos después de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Según se recoge en una breve reseña, el Consejo de Ministros celebrado hoy aprobó la reprogramación de las anualidades correspondientes al año 2016 relativas a los Programas Especiales de Modernización en activo de las Fuerzas Armadas, más conocidos como PEA, trasladando su importe a las anualidades del año 2017.

De esta forma, agrega, la anualidad del 2017, que fue autorizada por el acuerdo del Consejo de Ministros el 22 de julio de 2016 por una cuantía de 1.107,7 millones de euros, se verá incrementada en la cantidad de 716,7 millones de euros -correspondientes a 2016-, con lo que resulta en consecuencia una nueva anualidad para el ejercicio 2017 equivalente a unos 1.824,5 millones de euros.

Decisión significativa

La decisión adoptada por el gabinete de Mariano Rajoy es muy relevante porque se toma en un momento especialmente delicado cuando el propio Gobierno está trabajando en fijar el techo de gasto para el año que viene y negociando con otros partidos el presupuesto de los distintos departamentos para 2017.

Según fuentes del sector consultadas por Infodefensa.com, la decisión de Cospedal se debería entender en el sentido de que Rajoy está dispuesto a hacer frente al pago de los 1.824,5 millones de euros durante el año que viene aunque no está claro aún a través de que mecanismo. No queda claro, tampoco, quien se cargo de los intereses de demora, en el caso de que se fijen.

Hay que tener en cuenta que el sistema de financiación de los PEA estipula que la industria debe devolver anualmente al Ministerio de Industria los adelantos que ha recibido hasta ahora con respecto Defensa recibe los materiales fabricados y, por tanto, realiza los pagos correspondientes.

El anterior ministro de Defensa Pedro Morenés decidió no pagar la anualidad correspondiente a este año que se debía a las principales empresas del sector como Airbus, Navantia, Sener o Santa Bárbara Sistemas después de que el Tribunal Constitucional invalidara el método utilizado hasta ahora para ello, el decreto ley.

A petición del PSOE y otros partidos que denunciaron el sistema ante los tribunales, la máxima autoridad judicial consideró que estos pagos eran programados y que, por tanto, el Ministerio de Defensa debía lograr la aprobación del gasto de forma normal a través del Congreso sin recurrir a instrumentos extraordinarios como es el decreto ley.

Incógnita sobre cómo se pagara en 2017

La decisión del Gobierno de Rajoy de autorizar la reprogramación de los pagos pendientes para 2017 no resuelve por el momento la incógnita de cómo se realizarán.

Los expertos apuntan dos opciones. La más sencilla, pero probablemente más difícil desde el punto de vista político, sería que Defensa incluyera estas cantidades en su presupuesto ordinario, lo que provocaría que Cospedal tuviera que defender en las comisiones de Defensa del Congreso un aumento automático muy significativo del presupuesto de su departamento.

Otra opción sería buscar una ley de financiación especial que se hiciera cargo de estos pagos en 2017 y en los años siguientes, algo más complejo y de también difícil de que sea aprobado por el Parlamento en estos momentos.

En declaraciones realizadas el pasado abril, Adolfo Menéndez, presidente de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (Tedae), aseguró que la industria había cumplido con contratos firmados y, por tanto, confiaba que la “Administración española hiciera lo mismo”. En ese momento, señaló que de no hacerse frente a los pagos correspondientes a 2016, “las consecuencias para las empresas y para el futuro industrial y tecnológico españoles serían importante” aunque no especificó su envergadura.

Los pagos correspondientes a 2016 de los PEA afectan a entregas comprometidas por la industria como tres cazas Eurofighter, un avión de transporte militar A400M, cinco helicópteros Tigre y tres NH90 -todos ellos por parte de la multinacional europea Airbus- y 58 vehículos blindados de infantería Pizarro de Santa Bárbara Sistemas, entre otros sistemas.