El expresidente de la compañía Defex, José Ignacio Encinas Charro, utilizó la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar cerca de 500.000 euros durante su etapa al frente de la corporación pública. El dinero amnistiado afloró por medio de la sociedad Karma Alquileres, de la que Encinas fue socio hasta 2014, según publica El Confidencial.
Encinas está involucrado además, junto con otros exdirectivos de la empresa, en una trama de desvío de capital que investiga desde hace meses la Audiencia Nacional. En el marco de la investigación judicial, la Fiscalía Anticorrupción señala que los directivos de Defex serían responsables de un fraude de 152 millones de euros un contrato de venta de armas a Angola. La trama también podría afectar a acuerdos similares cerrados en Camerún y Arabia Saudí.
El principal contrato investigado se firmó en 2008 en Luanda (Angola) entre la Unión Temporal de Empresas Cueto-Defex y la Policía Nacional angoleña por un valor de 76 millones de euros. El contrato establecía la venta de vehículos, uniformes y equipos policiales, sin embargo la investigación posterior determinó que la UTE solo recibió 35 millones de euros y los restantes 41 se desviaron a Luxemburgo.
Este contrato se remonta a 2008, cuatro años antes de que Encinas abandonara la presidencia de Defex y de la entrada en vigor de la amnistía fiscal.
El desvió de capital se habría realizado a través de la mercantil Comercial Cueto mediante un entramado de sociedades opacas con ramificaciones en Luxemburgo y las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con este mismo diario.
La Fiscalía siguió la pista del dinero de Luxemburgo, acusando a los investigados de presuntos delitos de de corrupción de las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales, organización y grupo criminal y falsedad documental. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, incluso aseguró en un informe que "Defex actúa como una organización criminal".
Defex es una corporación, participada en un 51% por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que se dedicada a la intermediación entre productores de material de defensa y terceros países. En su accionariado cuenta además con varias empresas de fabricantes de armas.
Foto: Defex