El Congreso de Perú aplica una moción de censura al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y exige su renuncia

El Pleno del Congreso de la República de Perú ha censurado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por los altos niveles de delincuencia registrados a nivel nacional. Según se informó, el funcionario deberá renunciar a su cargo para darle paso a un nuevo nombramiento por parte de la presidente Dina Boluarte. 

En sesión del 21 de marzo, el Congreso censuró a Santiváñez con 78 votos a favor, 11 votos en contra y 20 abstenciones por su “manifiesta incapacidad en el cargo para hacer frente a la ola de inseguridad ciudadana y su falta de liderazgo en el sector”.
Actualmente, Lima y Callao están bajo Estado de Emergencia por un período de 30 días para intentar mitigar la actividad criminal. Las Fuerzas Armadas brindarán apoyo a la Policía durante la situación de excepción. 

La Presidencia de Perú ha informado que en lo que va del Estado de Emergencia se ha detenido a 1.185 personas, desarticulado 81 bandas criminlaes, 62 armas de fuego fueron incautadas, confiscado 1.092 celulares de dudosa procedencia y 27 vehículos.

Por otro lado, el Ministerio del Interior ha informado que entre el 1 de enero de 2025 y 19 de marzo, la Policía ha detenido a 91.907 delincuentes a nivel nacional, de los cuales un 92 % fueron liberados por las autoridades judiciales. Tanto congresistas, que son almirante o generales en retiro, como oficiales de la Policía en situación de retiro, responsabilizan a la Fiscalía (Ministerio Público) por los actuales niveles de delincuencia, alegando que criminales capturados en flagrancia están siendo liberados. El reciente asesinato de un miembro de la banda musical Armonía 10, motivó en el Parlamento el pedido de censura al ministro Santiváñez.                                                                                                                                                                               
Propuestas para fortalecer la seguridad ciudadana

En su presentación ante el Pleno del Congreso, el ahora exministro Santiváñez adelantó algunas propuestas para mejorar la seguridad ciudadana, como incorporar a gremios empresariales al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec); reforzar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Sinasec) con la incorporación voluntaria de estudiantes y egresados de carreras técnicas y universitarias para que participen en acciones de seguridad ciudadana; endurecer penas y crear nuevas figuras penales como la creación del delito de Terrorismo Urbano para elevar las sanciones hasta sentencias de cadena perpetua para actos de sicariato, conspiración para sicariato, extorsión, secuestro y otros delitos graves.

También sugirió endurecer penas para quienes adquieran bienes robados. Sin embargo, no hizo mención al endurecimiento de sanciones para aquellas personas que agredan a efectivos policiales durante marchas y protestas civiles que se organizaron como actividades pacíficas en ejercicio de la inherente libertad de expresión.

Para incrementar la presencia policial en las calles, Santiváñez presentó el denominado Plan Celador, que habilita la compra voluntaria del día franco y vacaciones a efectivos policiales y la asimilación de 1.500 licenciados de las Fuerzas Armadas en la Policía.

El exfuncionario informó además que durante su gestión se ha concretado la compra de 7.323 fusiles de asalto ARAD-5 y más de 31.000 pistolas de 9 mm, cuyo primer lote arribará a Perú en 20 días calendario. También se han adquirido chalecos antibala y otros equipos policiales, y se han incorporado más de 3.700 vehículos policiales, la mayoría de los cuales fueron motocicletas policiales donadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima y algunos lotes mucho menores donados por algunos gobiernos regionales.