Tendencia del crimen en el Perú: alternativas de solución en base a la experiencia comparada internacional 1

A fin de tener una visión estratégica, precisaremos que la ONU estableció desde 1995 dieciocho categorías de delitos transnacionales e incluyó al terrorismo dentro de esta esfera (concluyendo que hay una vinculación entre grupos terroristas, actividades ilícitas y organizaciones criminales, que está dada por la búsqueda de fondos); señalando como delitos transnacionales: al narcotráfico; lavado de activos; actividades terroristas; tráfico ilícito de armas; secuestro de aeronaves; piratería marítima; crímenes ambientales; trata de personas o corrupción, entre otros.

Sobre el particular, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (ONUDD) estima que unos 884.000 millones de dólares se lavan en el mundo al año. De ellos, 250.000 millones tienen como fuente el tráfico de drogas; 32.000 la trata de personas; 320.000 la corrupción; 250.000 el tráfico de armas y 32.000 en otros delitos. Igualmente, la ONUDD asevera que el dinero empleado por las bandas del crimen organizado internacional equivale al 7% de las exportaciones mundiales o el 1,5% del PBI mundial. Y si el crimen organizado representara a un país, éste sería una de las 20 mayores economías del mundo, con un PBI equivalente al de Holanda.

La comunidad internacional no ha permanecido ajena ante esta inquietante circunstancia; por el contrario, el año 1989, los países del G7, fundaron el GAFI-FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force Against Money Laundering), para detectar y neutralizar el lavado de activos, así como el financiamiento del terrorismo. A su vez, el Estado peruano decidió enfrentar a dicha amenaza de manera igualmente organizada y con alto nivel de interoperabilidad por medio del Plan Nacional de Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (PNCLAFT).

El cultivo de coca

Sobre el particular, según el informe Monitoreo de Cultivos de Coca, Perú 2014, de la ONUDD y DEVIDA (ente rector en la lucha antinarcóticos del Perú), publicado en julio del 2015; el Perú produjo 42,900 hectáreas de hoja de coca frente a 49.800 hectáreas del 2013, es decir, una reducción de 13,9%; la mayor en ocho años de disminución sucesiva, gracias a su campaña de sustitución de cultivos para combatir al narcotráfico.

Hasta antes de esta cifra de la ONUDD, el Perú era sindicado como el principal productor de hoja de coca y de clorhidrato de cocaína del mundo; y ahora pasó al segundo lugar, ya que Colombia produjo el 2014 (según la misma fuente), 69.000 ha de hoja de coca (aumento de 44% respecto a 2013); al tiempo que Bolivia, se ubica en tercer lugar, con una superficie cultivada de 20.400 hectáreas, un 11% menos que en 2013. Consecuentemente, hasta diciembre del 2014, se estima que en Perú existe una capacidad potencial para producir unas 330 toneladas métricas de cocaína por año, valorizadas en unos 388 millones de dólares, considerando según la ONUDD, un precio promedio de 1,178 dólares por kilogramo de clorhidrato de cocaína en la región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (acrónimo Vraem), que concierne a las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco).

Los esfuerzos del Estado peruano para erradicar los sembríos de hoja de coca, buscan frenar el incremento de las áreas de cultivo de esa planta, promovido por los narcotraficantes para abastecer la demanda de los mercados de consumo de cocaína (Europa y Norte América, básicamente) y los requerimientos de otros mercados en América Latina, Asia y África. Según la policía antinarcóticos del Perú (Dirandro), el 80% de la producción de droga se moviliza por tres frentes teniendo como principales promotoras a las poderosas mafias mexicanas aliadas con las colombianas, en competencia con las brasileñas: El primero, tiene como punto de partida el Vraem, se traslada por vía aérea y terrestre (cruzando las regiones de Puno y Madre de Dios), como pasta básica y/o clorhidrato de cocaína hacia el mercado brasileño vía Bolivia. El segundo, por los puertos marítimos -fundamentalmente clorhidrato de cocaína- hacia mercados de Europa, África o Asia; y el tercero, a través del río Amazonas partiendo del Trapecio Amazónico hacia el territorio de Brasil.

Estrategia contraterrorista

A pesar de los considerables recursos y la decisión política al más alto nivel del Estado peruano para aplicar una estrategia contraterrorista sistemática desde la década del noventa al 2015 -aunque con variantes y altibajos-, orientada a desquiciar a las facciones de Sendero Luminoso aliado con el narcotráfico, tanto en el Alto Huallaga como en el Vraem; lo cierto y concreto, es que el Vraem sigue siendo el epicentro del narcotráfico en el Perú, con la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca y la más alta producción de pasta básica y de clorhidrato de cocaína.

Resulta que durante la administración Humala, el Vraem tras nueve años en estado de emergencia, es la región con la más numerosa presencia militar y policial del Perú (unos 6 mil efectivos, según el ministro de Defensa Jakke Valakivi, el 09/10/2015); y unos mil policías (según informe de The Associated Press, el 18/10/2015), con el más alto presupuesto en seguridad, logística e inteligencia, así como el mayor despliegue de bases contrasubversivas-militares y antidrogas-policiales. En general, durante el gobierno de Humala el gasto militar se multiplicó por doce y pasó de S/ 246 millones en el 2011 a más de S/ 3,000 millones en el 2015 y se espera un monto superior para el 2016. En ese marco, se ha evidenciado una peligrosa infiltración del crimen organizado y de mafias del narcotráfico en algunos círculos de las fuerzas armadas y policiales que proveen de logística u operan en regiones de influencia narco-criminal.

Adicionalmente, con una actividad persistente para frenar el Lavado de Activos (LA) y el Financiamiento del Terrorismo (FT), aunque todavía insuficiente ante la dimensión de estos delitos; los últimos informes de la Unidad de Inteligencia Financiera-Perú (UIF-Perú), correspondientes a enero del 2007 -agosto del 2015; alcanzan un total de 12,499 millones de dólares, donde el mayor porcentaje, por el delito vinculado lo tiene el tráfico ilícito de drogas (42%); seguido de la minería ilegal (35%); entre otros, de menor cuantía. En dicha coyuntura, la UIF-Perú, padece serias limitaciones por la falta de aprobación en el Congreso, de una ley que la faculte a acceder al secreto bancario y reserva tributaria de individuos u empresas con Reporte de Operaciones Sospechosas. Ante ello, en enero del 2013, el Perú ya ha sido exhortado por el GAFISUD –órgano de supervisión de la UIF en América Latina–, que el Congreso debe conceder esa facultad a la UIF.

La delincuencia común

En lo concerniente a la situación del crimen organizado y la delincuencia común en el Perú; durante la etapa de 1980-1992 de mayor ferocidad del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA, las instituciones del sistema de justicia criminal se enfrentaban a un par de organizaciones criminales altamente ideologizadas de alcance casi nacional y con miles de cómplices organizados; hoy -según datos disponibles- el país afronta unos 120 a 150 grupos criminales con número variable de miembros que fluctúan entre seis y treinta e involucrarían a entre mil y tres mil delincuentes. Esta situación se constata en el Informe Latinobarómetro del 2015, donde se indica que el Perú (51%) sigue presentando altos niveles de victimización que lo ubican entre las tasas más altas en América Latina, solo por debajo de México (57%) y de Venezuela (89%). Por su parte, los sondeos revelan que un altísimo 71% de peruanos percibe que vivir en su país es cada día más inseguro solo superado por Guatemala, Brasil, El Salvador y Venezuela.

Ante la agudización en el accionar de las bandas dedicadas al crimen organizado en el Perú; en agosto del 2013, el Congreso aprobó un grupo de normas para ayudar a vigorizar la seguridad ciudadana; ello, como parte de una tendencia, pues el último quinquenio se han promulgado unas quince leyes por año en esta materia. Al respecto, el académico inglés Anthony Bottoms alerta sobre el empleo del ‘populismo punitivo’, que definió como el endurecimiento de las políticas públicas ante una intensificación de la criminalidad, como una respuesta a una sociedad que exige más represión.

Fotos: Infodefensa.com