El objetivo del 1,5 del PIB

En la cumbre de Gales los miembros de la OTAN se comprometieron a incrementar sus inversiones en defensa hasta alcanzar el 2% de sus respectivos PIB en el horizonte 2020. En esa línea en 2014 los dos principales partidos españoles, al menos en ese momento, habían presentado una resolución en el Parlamento insistiendo en la necesidad de impulsar el esfuerzo en seguridad y defensa a nivel europeo. Un momento en que PSOE y PP sumaban casi 300 diputados en la Cámara. Ya dijimos desde esta ventana que una cosa era predicar y otra dar trigo.

Se plantea ahora como objetivo desde el partido en el gobierno en funciones que el presupuesto de defensa español alcance el 1,5% del PIB en cuatro años. No se plantea solo en términos de refuerzo de nuestra seguridad, que sin duda afronta riesgos ciertos, sino también de recuperar “peso político” e influencia en los ámbitos de decisión de las organizaciones internacionales. Desde aquí añadiríamos también peso industrial “proporcional a su tamaño y posición en el mundo”.

¿Qué representa ese 1,5%? En números redondos el PIB español ronda el 1,1 billón (español) de euros. El presupuesto de defensa resultante superaría los 16.000 millones. Con las previsiones de crecimiento del PIB actuales se podría llegar incluso a los 17.000. Si tenemos en cuenta los datos de presupuesto de defensa ejecutado en 2015, esa cifra significaría doblar las inversiones actuales. Si se prefiere un incremento de casi 2000 millones de euros anuales sobre el presupuesto ejecutado en 2015. Sin duda una previsión esperanzadora. Pero ¿es realista?

Los objetivos en política de defensa deben enmarcarse en las previsiones macroeconómicas generales. Especialmente en cuanto a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Para 2018 se establece este último en un 93% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas y en un 69% para la administración central. De acuerdo con los objetivos de estabilidad presupuestaria los presupuestos del Estado se fijan en un total de alrededor de 160.000 millones de euros, con un límite de gasto no financiero situado en los 120.000 millones de euros. De ese límite Defensa recibe entre un 5% (sobre presupuesto inicial) y un 7% (sobre presupuesto consolidado).

El incremento de 2000 millones de euros anuales para alcanzar el objetivo sobre PIB representaría, siempre sobre presupuesto ejecutado, pasar el porcentaje de defensa sobre gasto no financiero del Estado, de un 7 a un 13% a lo largo de la próxima legislatura. Un incremento de dos puntos porcentuales por año. Un límite equivalente al máximo del periodo democrático y que solo se alcanzó en 1978. Desde entonces la ratio presupuesto de defensa sobre presupuesto del estado ha caído de forma constante y creciente.

Hagamos el análisis de otro modo. Las necesidades anuales de la defensa plantean “grosso modo” los siguientes datos medios para los próximos cuatro años:

4500 millones de euros para gastos de personal. 1000 millones de euros para vida y funcionamiento. 1000 millones para inversiones en material, principalmente sostenimiento de los sistemas en servicio. 2000 millones para pago de los compromisos contraídos en los programas en ejecución.

Un total de 8500 millones de euros. Cifra que equivale, siempre en números redondos, a la financiación que se ha recibido durante la legislatura 11-15 a través de presupuesto ordinario, créditos para operaciones y financiación extraordinaria. También hemos señalado desde aquí la problemática que plantea la diversidad de fuentes de financiación.

Asumiendo siempre que las obligaciones contractuales contraídas se van a cumplir, no parece que haya cabida para nuevas inversiones más allá de esa cifra. Entonces ¿cómo se abordan programas tan importantes como la obtención de los vehículos 8x8, o las fragatas F110? Por citar solo los dos casos más emblemáticos y quizás con mayor impacto laboral en España. Solo con el incremento desde esos 8.500 millones hasta el techo que el gobierno, venga el que venga, establezca, aunque los hipotéticos 16.000 millones en 2020 nos parezcan exageradamente optimistas.

Evidentemente está en juego nuestra seguridad y defensa y nuestro peso (o credibilidad) en la esfera internacional. Pero sobre todo la viabilidad y sostenibilidad de un sector industrial que se ha desarrollado con mucho esfuerzo y sacrificio en los últimos 35 años.

La pregunta es si en el escenario político que se avecina no nos encontraremos en 2020 con un panorama de inversiones diferente, en el que las decisiones políticas lleven a una desindustrialización de la defensa española. Una alta autoridad política ha pedido a la industria tranquilidad de cara al futuro. “No tengáis miedo” ha dicho. Miedo no. Precaución mucha.