Gestionar la obsolescencia, tres escenarios de oportunidad
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Gestionar la obsolescencia, tres escenarios de oportunidad

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La gestión de la obsolescencia es una oportunidad singular para todos los actores vinculados con el material de la Defensa. Teniendo en cuenta las necesidades y los recursos disponibles, así como el presupuesto disponible y su estimación futura -que estará por debajo de las demandas de los ejércitos-, conviene llamar la atención acerca de una fortaleza que con frecuencia pasa desapercibida: la gestión de la obsolescencia. El objetivo de este análisis es mostrar las ventajas que implica una adecuada gestión de la obsolescencia del material en las Fuerzas Armadas, sus áreas concretas de mejora y posibles soluciones.

La inercia actual de los ejércitos es convertir los almacenes bases y cuarteles en basureros o vender el material en chatarrerías. Sin embargo, un análisis pormenorizado de la demanda, los actores y las capacidades, permite concluir que es posible lograr una buena gestión de la obsolescencia y consolidarla como una oportunidad. El primer paso es implementar un sistema atractivo de enajenación. Si se logran cubrir las necesidades existentes en el proceso de enajenación de los materiales declarados como inútiles o no aptos para el servicio por el Ministerio de Defensa sería posible crear valor para atraer el interés de los mercados, maximizar los recursos propios y lograr ingresos.

Reformar los procesos de enajenación supondría un reto significativo para los responsables políticos en términos de eficiencia de recursos públicos, y una legislación de 1978 debería permitir introducir aquellos procesos de gestión que facilitan las tecnologías de la información. Los responsables de los órganos de contratación deberían adquirir un protagonismo significativo, ya que cuentan con lecciones aprendidas de otros ejércitos aliados y la ayuda de empresas especializadas. La colaboración público-privada es lo que va a permitir implementar la economía circular en la gestión de armamento y material, y consolidar definitivamente la cadena logística de creación de valor.

¿Qué hacer con el material militar excedente o que ha llegado a su fin de vida útil? Cuatro son los retos que se plantean: primero, identificar y valorizar o tasar correctamente el material enajenable; segundo, definir protocolos de actuación sobre los activos clasificados como inútiles o no aptos para el servicio; tercero, establecer procedimientos para la venta de dicho material, asesorar a las Juntas de Enajenación y establecer las reformas necesarias para la gestión de las licencias o permisos para la exportación o las solicitudes de transferencia de material; y, por último, adelantarse a la inutilidad comercializando el material previamente, en consonancia con los planes de modernización y adquisiciones. Se trata de comercializar antes, para vender cuando es el momento adecuado, evitando deterioros y costes asociados.

Es imposible abordar la obsolescencia si ésta no forma parte activa del mercado internacional de la oferta y la demanda. Salvadas las limitaciones legales o contractuales -como por ejemplo, las señaladas en ITAR (International Traffic in Arms Regulations) o la transferencia a terceros países de material-, la colaboración con empresas especializadas mediante sistemas de externalización permite localizar ese mercado, analizarlo, definir prioridades, ponerle precio y establecer un sistema de venta orientado a resultados.

¿Por dónde empezar? Conviene mejorar en lo posible la capacidad de maniobra de los órganos de contratación. Para que haya interés en la oferta es necesario que Defensa aplique a la obsolescencia un enfoque comercial, una planificación para actuar en consecuencia; en definitiva, introducir un método de inteligencia económica. La reciente consulta preliminar para la subcontratación de los servicios de gestión de la valorización (GEVA), puesta en marcha por el órgano de contratación, es una señal positiva como vía para plantear colaboraciones.

Teniendo en cuenta que la alternativa a la destrucción o al achatarramiento es la venta en mercados autorizados, la legislación necesita reformas. La enajenación de material en las Fuerzas Armadas como alternativa de financiación ha sido objeto de estudio con conclusiones muy bien definidas. Señalamos dos: que los fondos obtenidos pudieran revertir en el ejército que propició la enajenación (Armada, Tierra, Aire), y crear una entidad jurídica especializada en la enajenación del material que dichos ejércitos pudieran poner a su disposición.

Creer que la obsolescencia es una oportunidad y poner los medios para lograr objetivos cuantificables implica un cambio de mentalidad. Las cifras confirman que hay un mercado real tanto nacional como internacional en diferentes sectores de actividad, y que hay quienes están dispuestos a pagar por lo que Defensa ni usa, ni quiere. Actualmente, el material excedente es gestionado con miras a la reutilización, lo que significa un gran ahorro. También está la opción de la subasta de stocks. La dinámica a seguir es que las compañías gestionan la venta de los bienes realizando los trabajos asociados por un porcentaje del valor final de la venta de cada lote. Lo interesante es que las subastas son seguidas por analistas e inversores, ya que afectan a los precios de venta y marcan precios de referencia.

En el caso español, las áreas de mejora de las subastas serían, entre otras: definir bien el precio base de la subasta para que exprese la realidad del mercado y que se encuentre actualizado en el momento en que se publica un concurso; contar con personal cualificado, es decir, equipos expertos en la materia; definir bien los pliegos y la composición de los lotes; flexibilizar el sistema de licitación y ampliar la participación de las empresas; reducir el tiempo de la enajenación; mejorar el almacenamiento de los activos evitando su devaluación y el impacto medioambiental; y flexibilizar el segundo uso y atender convenientemente a aquel material que tenga requisitos particulares.

La realidad económica de los últimos años implica buscar nuevas vías de financiación, como se ha hecho en otros sectores. Solventar la reducción en los presupuestos de Defensa implica sacar partido a los propios recursos para buscar y obtener el mayor volumen posible de retornos financieros. A diferencia de otras administraciones, Defensa parte con ventaja, pues cuenta con unas cifras muy considerables de material excedente, de material inútil o de equipos no aptos ya para el servicio. La creación de valor implicará desarrollar un sistema eficaz que permita su identificación, clasificación, valoración y posterior estudio para determinar su destino final. Esto es una clara área de mejora y la cooperación público-privada mencionada sería la respuesta adecuada.

Las Fuerzas Armadas están especializadas en adquisiciones y compras de armamento y material, pero no en maximizar su disposición al final del ciclo de vida. Para las grandes compañías involucradas en los programas de Defensa (Tier 1), este requisito termina siendo un lastre, pues su interés está en el desarrollo tecnológico y en las prioridades futuras de los usuarios. Por otra parte, el retorno al contribuyente es un incentivo de contenido social y político que bien pudiera ser aprovechado por las administraciones. Casos de éxito de economía circular y de gestión de ciclo de vida de productos lo confirman.

Replicar los modelos de gestión que están operativos en países como EEUU, Reino Unido, Alemania, Francia o Portugal es una opción válida para comenzar a mejorar la realidad española. La conclusión es que un adecuado enfoque de la obsolescencia supone un beneficio concreto para los tres actores implicados: los responsables de la gestión política y económica de la Defensa, las compañías involucradas en los programas, y las propias Fuerzas Armadas, que pasarían a liderar esa parte de la cadena de creación de valor.



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