Colombia, las FARC y las disidencias

* Mapa: en azul, los frentes y columnas confirmados en reincidencia y ubicados por departamento. En rojo, aquellos sobre los cuales hay indicios y reportes.

En septiembre de 2017, el comisionado de paz Rodrigo Rivera anunciaba que un total confirmado de 11.345 hombres, entre combatientes y milicianos de las FARC-EP, conformaban el número de miembros de esa organización que se habían desmovilizado, luego de listas con nombres e identificaciones que el mismo grupo insurgente le había suministrado al Gobierno y que este había revisado y depurado. (1)

Solo siete meses después, en informes de distintas organizaciones colombianas e internacionales especializadas en el estudio de la violencia en este país, así como de medios periodísticos, el número de integrantes del ahora denominado grupo armado organizado (GAO) FARC-EP residual, había alcanzado una cifra récord que oscila entre los 1.721 a 1.871 hombres nuevamente alzados en armas. (2)

De hecho, en relación al número total de los integrantes de las denominadas disidencias de las FARC-EP, las diferentes instituciones gubernamentales con competencia en este tema aún no han podido estimar y acordar una cifra común o símil. Es así como el Ministerio de la Defensa ha calculado en 750 los miembros que conformarían estas disidencias, mientras que las Fuerzas Militares creen que son 500, al igual que la Fiscalía General de la Nación, aunque la Defensoría del Pueblo y la Agencia Para la Reincorporación y la Normalización estiman en 800 a los disidentes, cifra aproximada a los 700 que la Fundación Paz y Reconciliación calcula y que Crisis Group por su parte considera en cerca a los 1.000 (3). Finalmente ha sido una recopilación del diario El Espectador el que con números detallados estima a los disidentes en los 1800 aproximadamente. (4)

Estos hombres estarían agrupados en 18 grandes estructuras a lo largo del país, pero Infodefensa.com ha podido determinar que son un total de 46 estructuras, divididas entre frentes, columnas móviles y bandas, las que en 19 de los 32 departamentos de esta nación están haciendo presencia o hay reportes o indicios de actividades de disidencias que están en proceso de ser confirmadas por las autoridades.

En este sentido y decantando la información suministrada por fuentes y reportes tanto de las Fuerzas Armadas, como de instituciones, organizaciones y prensa, se confirmaría la continuación de la presencia armada o la reincidencia en la misma por parte de 21 frentes y cinco columnas móviles y se han establecido indicios –en proceso de confirmación- de otros 18 frentes y dos bandas también reincidentes y en actividades en determinados territorios.

Estas estructuras están presentes principalmente en el sur-occidente del país (justo en la frontera con el Ecuador) y en el centro-oriente y precisamente en regiones en donde también se encuentran las mayores áreas de cultivos de hoja de coca de esta nación.

Los diez reinos de la coca

De hecho, según la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), la mitad de esos cultivos estarían ubicados en diez municipios de este país, nueve de ellos en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, en el sur occidente colombiano y en el área no solo de mayor concentración y tráfico de cocaína en Colombia (5), cuyo número de hectáreas para 2017 han sido tasadas por los Estados Unidos en aproximadamente 188.000 (6), que en el mercado de ese país representa cerca del 92% de la cocaína consumida (7), aun y a pesar de las 797.8 toneladas incautadas entre 2016 y 2017 y las 60 mil hectáreas erradicas en los dos últimos años (8), esto último gracias en gran medida al compromiso de las Fuerzas Armadas.

Estas hectáreas son entonces la cifra más alta en los últimos 21 años, motivadas en gran parte por la suspensión de la aspersión aérea que desde octubre de 2015 ordeno el Consejo Nacional de Estupefacientes, medida que la Corte Constitucional a través de sentencia de abril de 2.017 ratifico en prohibir y aplicada por el gobierno Colombiano, circunstancias que sin duda aceleraron el desarrollo de los acuerdos de paz que se adelantaban para la fecha con las FARC-EP, que la habían solicitado dentro de la negociación y que se ha convertido en una de las decisiones más irresponsables en materia del combate contra el narcotráfico de la actual y saliente administración colombiana (9), porque a pesar de sus indiscutibles beneficios desde el punto de vista ecológico y de salubridad para comunidades en particular, también está fuera de discusión que el acelerado aumento del cultivo y por tanto del tráfico ilegal ha generado consecuencias que vienen afectando dramáticamente la seguridad, la convivencia y el orden público (amén de la salubridad y del daño ecologico, pues la tala a diferencia de la fumigación, tiene efectos permanentes) de y en toda la nación.

El auge y acelerado crecimiento del área cultivada de hoja de coca, (estimada en más de un 100% respecto de 2015 y particularmente en las zonas en donde históricamente se han ubicado), más allá de la implementación de un fallido y mal diseñado proceso de incentivos para la sustitución manual (Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos -Pnis), ha sido el combustible económico que le ha permitido a las disidencias de las Farc-Ep, contar con los recursos para recomponer y hacer crecer sus cuadros armados, con el consecuente deterioro de la situación de orden público en esos territorios y con un notable aumento del micro tráfico en las ciudades capitales e intermedias, que ha disparado la inseguridad afectando los niveles de seguridad y convivencia ciudadana en esta nación.

Orden en el caos

En las poblaciones en donde se ha venido materializando el Pnis, las situaciones de orden público han venido también deteriorándose desde el pasado año, tal y como lo registra el aumento en la tasa de homicidios en 36 de los municipios donde ingreso el Plan de Sustitución y a un aumento de la misma tasa en un 55% de las poblaciones con presencia de cultivos y en donde ha habido intervención del Estado en el tema de sustitución, mientras que en el restante 44% de los municipios cocaleros y en donde no ha habido acciones estatales, se ha dado por el contrario un descenso en el número de homicidios. (10)

Evidentemente entonces y aún a pesar de las declaraciones del vicepresidente colombiano, Óscar Naranjo, en el sentido de la efectividad del Pnis al vincular a 123.000 familias al programa y al haber logrado una erradicación voluntaria de 38.000 hectáreas (11), la realidad es que la actual administración no ha podido implementar una política coherente en materia de erradicación –voluntaria o forzada-, primero por la suspensión de la aspersión, que promovió un aumento del tamaño promedio de los cultivos a más de diez hectáreas, segundo por los incentivos en dinero para erradicar voluntariamente, que ha tenido como efecto que se siembre más para obtener el beneficio económico y tercero por que las respuestas estatales no son coordinadas y no integran seguridad ni desarrollo rural sostenible, aún y a pesar de los considerables presupuestos (en el papel) que se destinarán durante los próximos 15 años para tales efectos. (12)

A la sazón, el crecimiento de la producción ha tenido como efecto un mayor volumen en los inventarios de droga disponible, que no se exporta en su totalidad por los decomisos por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas, así como por los que realiza el gobierno estadounidense a través de sus agencias, lo que ha abierto la posibilidad de expandir el mercado interno, colocando cantidades considerables de droga en las ciudades, estimándose que de cada cinco toneladas, una se deja para consumo interno (13), a precios bastante bajos (y por tanto asequibles para los sectores más deprimidos de la sociedad), aumentando con ello de manera exponencial el consumo, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), se ha traducido en una cifra cercana al millón y medio de consumidores (14) y en un negocio que maneja sumas cercanas a los dos mil millones de dólares anualmente (15), generando una serie de dinámicas derivadas del mismo y que afectan en primera medida los núcleos familiares, la convivencia ciudadana y finalmente la seguridad, problema este último considerado como uno de los principales a solucionar por los diferentes aspirantes a la presidencia colombiana. Unido a lo anterior una normatividad legal que despenaliza la dosis mínima y una pobrísima política penal y carcelaria, hacen que el aumento del microtráfico, que nos sitúa ya como el cuarto país en consumo a nivel regional (16), se derive directamente del incremento de las zonas de coca cultivadas y no erradicadas y de una completa ausencia de posibles soluciones planteadas por la administración nacional, que solo se ha limitado a recordar los beneficios de los acuerdos de paz, que evidentemente en este tema son nulos.

Y esta tesis se refuerza con el hecho de que este problema no ha sido abordado con una respuesta del tipo intersectorial por parte de la institucionalidad, tratando no solo de entender la expansión del fenómeno, sino también de entender las dinámicas en estos territorios y no simplemente aumentando el pie de fuerza en los cinco departamentos en donde se encuentran el 80% de los cultivos (todos casualmente limítrofes), tratando de paliar la situación casi que limitándose exclusivamente al decomiso de la droga procesada.

Sin embargo y paradójicamente en las zonas con mayor presencia de cultivos, bajo control en la actualidad en gran medida de las disidencias de las FARC, los niveles de violencia tienden a ser bajos, por el poder hegemónico que sobre estas áreas y rutas de tráfico ejercen los frentes, pero que tienden si a aumentar en las ciudades por el microtráfico y las disputas que por la comercialización y el dominio del territorio genera esta actividad entre las bandas criminales. (17)

Bajo el control de los terroristas

Pero lo anterior revela también que, en Colombia, las áreas con mayor presencia de cultivos de coca son precisamente aquellas en donde no solo estuvieron presentes históricamente las FARC, sino donde están operando nuevamente sus disidencias. De hecho desde el inicio del proceso de desmovilización y concentración en las 19 zonas veredales transitorias de normalización (zvtn) y los nueve puntos transitorios de normalización (ptn) (18), ahora denominados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr), llamó la atención que en 15 veredas de esas zonas hubiesen cultivos de coca, así como en 15 también, rutas de tráfico para la coca procesada y en cinco veredas de los ptn hubiese cultivos y rutas de narcotráfico, habiendo sido las FARC las que precisamente señalaron la ubicación para las zvtn y ptn. (19)

Este vínculo por demás histórico (pero de la historia reciente de las FARC-EP), quedo incluso plasmado en el Acuerdo 4: Drogas Ilícitas, del acuerdo de paz, por el cual el Gobierno colombiano se comprometía a “poner en marcha las políticas y programas de este punto”, mientras las FARC-EP se comprometía a su vez a y “en un escenario de fin del conflicto, poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” (20), compromiso que fue roto por uno de sus miembros, Jesús Santrich, perteneciente a la Dirección Nacional (y del antiguo Estado Mayor Central), luego de que fuese acusado de narcotráfico y pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos.

Lo llamativo de esta detención, que evidencia el poder de corrupción que genera el narcotráfico y que logro permear al círculo de poder más importante de esta organización reinsertada, es que el distanciamiento de sus miembros frente a esta actividad en la práctica y en un porcentaje preocupante no se ha dado, siendo esto más que evidente para muchos sectores políticos y sociales de la nación, que advirtieron al gobierno y durante los diálogos de paz de la posibilidad de la reincidencia en la misma, (no penada en los acuerdos en virtud del punto de la extracción, punto que finalmente fue reformado por el congreso), pero no así para la administración colombiana, que en un afán de legitimar los acuerdos de paz, ignoro adrede las advertencias y los indicios si claros para el resto del país. (21)

Y al final tuvieron que llegar los EEUU

La sindicación a Jesús Santrich lo que realmente demuestra es que pese a que la Fiscalía General Colombiana ha aducido que se le venía investigando, tuvo en la práctica que ser un gobierno extranjero (Estados Unidos), el que investigó sus actividades, lo acusó y solicitó en extradición para su juzgamiento, a tal punto de seguir considerando a esta agrupación como una organización dedicada al narcotráfico. Lo anterior lamentablemente ha demostrado no solo que los acuerdos han sido violentados, sino que además es la justicia externa la que debe hacer el trabajo responsabilidad de la colombiana y ante la por demás vergonzosa inacción del gobierno nacional, que todavía no ha podido explicar cómo en un país en postconflicto, con una guerrilla desmovilizada, un ex jefe de la misma pueda traficar diez toneladas de cocaína (sembradas, recolectadas, procesadas, transportadas y vendidas), precisamente en los territorios que hoy controlan las disidencias de esa organización. No se entiende como este concierto delictivo haya podido ocultarse, pero peor aún, trate de justificarse.

A lo anterior se suma la salida de alias Iván Marqués de la ciudad de Bogotá a la Etcr de Miravalle en el Caquetá, con el aparente fin de calmar los temores de los reinsertados, pero que precisamente y luego de dialogar con uno de los más importantes, el señor conocido como alias El Paisa y antiguo comandante de la columna móvil Teófilo Forero, lograra el efecto contrario, al decidir este abandonar la Etcr y declarar que solo volvería a ella luego de que Santrich fuera liberado, lo que lleva a preguntarse si esta organización está dispuesta no solo a reconocer la actuación de la justicia frente a sus miembros, sino además, si esta será una respuesta que se extenderá a sus demás cuadros.

Pero además lo anterior refleja la debilidad de un proceso que se construyó en gran parte motivado en buscar una salida alternativa y consensuada al problema del narcotráfico, con su principal productor –las FARC-, que evidentemente no ha podido, ni querido desligarse de este fenómeno. De hecho y en este sentido podemos anticipar que durante el presente año, las disidencias de las FARC, en consenso, le presentarán al Gobierno colombiano una propuesta alternativa para la sustitución de cultivos de hoja de coca, con el fin -por un lado- de legitimar el uso de las armas, reivindicando ser los voceros de un sector de la sociedad colombiana (colonos y campesinos del sur-occidente del país) y por el otro, tomar aparente distancia de las Farc originales, y presentarse como un grupo ajeno y opuesto al proceso de paz.

La reincidencia entonces de las FARC, en los mismos territorios en donde hicieron presencia antes de su desmovilización, y el exponencial aumento de los cultivos de hoja de coca en los mismos, queda detallada en la identificación de los frentes y columnas móviles de los que se tiene certeza están de nuevo delinquiendo y de aquellos que ya han comenzado a ser reportados o de los cuales hay noticias o indicios sobre su renovada aparición. A continuación y discriminado por Departamentos (de norte a sur del país):

-La Guajira:

Reportes e indicios: Frente 19 y frente 59

-Bolívar:

Reportes e indicios: Frente 37

-Córdoba:

Reportes e indicios: Frente 58

-Antioquía:

Confirmado: Frente 18 y Frente 36

Reportes e indicios: Frente 5 y Frente 57 (Uraba)

-Norte de Santander:

Reportes e indicios: Frente 33 (Catatumbo)

-Arauca:

Confirmado: Frente 25

Reportes e indicios: Frente 10

-Chocó:

Reportes e indicios: Frente 34

-Valle del Cauca:

Confirmado: Frente 30

Reportes e indicios: Frente 60 y Columna Móvil Miller Perdomo (MP)

-Tolima:

Reportes e indicios: Frente 21 y Frente Tulio Varón (TV)

-Huila:

Reportes e indicios: Frente 3 y Frente 17

-Cauca:

Confirmado: Frente 6, Frente 30, Columna Móvil Miller Perdomo y Columna Móvil Jacobo Arenas (JA)

-Nariño:

Confirmado: Frente Oliver Sinisterra (Guerrillas Unidas del Sur), Frente 29, Columna Móvil Mariscal Sucre (MS) y Columna Móvil Daniel Aldana (DA)

Reportes e indicios: Frente 64, La Banda de la Vaca (BV) y Gente del Común (GC).

-Meta:

Confirmado: Frente 1, Frente 7, Frente 27, Frente 40, Frente 44 y Frente 62

Reportes e indicios: Frente 42 y Frente 43

-Vichada:

Confirmado: Frente 16, Frente 44, Frente Acacio Medina (AM)

-Guaviare:

Confirmado: Frente 1

-Guainía:

Confirmado: Frente 16, Frente Acacio Medina (AM)

-Vaupés:

Confirmado: Frente 1, Frente Vaupés (FV).

-Caquetá:

Confirmado: Frente1, Frente 7, Frente 14, Frente 15, Frente 49, Frente Duvar Valencia (DV), Columna Móvil Teófilo Forero (TF)

Reportes e indicios: Frente 3

-Putumayo:

Confirmado: Frente 48

Reportes e indicios: Frente 32

En total se confirman entonces 21 Frentes y 5 Columnas Móviles reincidentes y reportes e indicios de 18 frentes y 2 bandas en posible situación de reincidencia, para un total 46 estructuras de las Farc-Ep, en situación de reincidencia o posible reincidencia a solo un año y 5 meses de firmados los acuerdos de paz en Colombia.

Bibliografía:

(1)-kienyke.com: Cerradas las listas de las Farc.

(2) y (4)-colombia2020.elespectador.com: Pie de fuerza aproximado de las disidencias de la Farc en Colombia.

(3)-ideaspaz.org: Disidencias

(5)-unodc.org: Colombia, censo 2017.

(6)-crisisgroup.org: Grupos armados colombianos

(8)-Infodefensa.com: Estados Unidos envía fondos a Colombia.

(9)-corteconstitucional.gov.co: Sentencia T080 de 2017

(10)-verdadabierta.com: Sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

(11)- Semana en Vivo: General Naranjo y Ariel Ávila, lupa a la implementación.

(12)-semana.com: Entrevista Daniel M. Rico.

(13)-eltiempo.com: Microtráfico en Colombia.

(14) y (16)-dinero.com: Cuanto muevo el negocio del microtráfico en Colombia.

(15)-periscopiopolitico.com.co: Microtráfico y narcomenudeo en Colombia.

(17)-Semana en Vivo: Que tanto poder tiene alias Guacho.

(18)-bbc.com.uk: Guerrilleros de las Farc, concentrados en las zonas veredales.

(19)-colombiacheck.com: La mayoría de las zonas veredales están cerca de cultivos de coca.

(20)-colombia2020.elespectador.com: Punto 4, drogas ilícitas.

(21)-eltiempo.com: La traición de trichi a los acuerdos de paz.