Las Fuerzas Armadas de Colombia, rumbo hacia el postconflicto

Hace justo dos meses el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaba desde la Habana (Cuba) la fecha para la firma del acuerdo final entre su Gobierno y la guerrilla de las Farc-ep que pondrá fin al largo, violento y doloroso conflicto interno colombiano surgido con la Guerra de los Mil Días en 1899 (siglo XIX), renovado con la Violencia Bipartidista en la década de los 40 (siglo XX) y que ha persistido en lo recorrido del siglo XXI.

Felizmente ese recorrido por este tortuoso y sangriento camino está por concluir gracias a la voluntad del Estado y de la nación misma, que ha entendido que son los escenarios de paz y de seguridad los espacios ideales para construir un verdadero futuro.

Es para este escenario que, desde el punto de vista doctrinal, se han venido preparando las Fuerzas Armadas de Colombia, instituciones que han plasmado en sus programas estratégicos la visión que de sí mismas tienen en una etapa en donde los principales generadores de alteración del orden público se habrán desmovilizado e incorporado a la vida civil.

En este sentido, las prioridades en el área de la defensa y la seguridad obviamente serán reorientadas preferiblemente hacia el tercero de los postulados de la Política Integral de Seguridad para la Prosperidad Democrática, que implica la intención de construir una capacidad de disuasión mínima que garantice la seguridad y la integridad fronteriza de este país sobre cuyos espacios marítimos existen, en estos precisos momentos, fuertes intereses positivos de otras naciones.

Aunque el concepto como tal no es nuevo, esta es quizás la primera oportunidad que tienen las Fuerzas Armadas de resolver los problemas que persisten en los inventarios de equipos y sistemas, a pesar de que en los últimos años se han llevado interesantes procesos de modernización en la Armada, así como del material blindado y de artillería del Ejército, pero que sin embargo, por sí solos, no son suficientes frente a los requerimientos, pero sobre todo a las necesidades de las diferentes fuerzas en el ánimo de revertir la actual situación de profunda desventaja estratégica que Colombia tiene respecto a sus vecinos.

Y esto se hace evidente en relación a programas que, pese a haberse anunciado o proyectado a la fecha, o no se han materializado o avanzan a ritmos lentos, como el sistema integral de defensa aérea (SISDAN), el postergado proceso de selección de un tanque principal de batalla (MBT), la renovación de la flota de entrenadores avanzados (LIFT) o de la flota de cazas de la Fuerza Aérea, además de la definición del sistema de defensa costero (SDC).

Sin embargo, existe también una extensa lista de calidades que han convertido a las Fuerzas Armadas de este país en una institución capacitada, preparada, entrenada, motivada, respetuosa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario y plenamente consciente de las misiones que constitucionalmente le competen, a tal punto de ser uno de los pilares fundamentales de la sociedad colombiana, responsable del trabajo gracias al cual se pudo derrotar a las organizaciones terroristas,antes generadoras de violencia y que hoy tienen a esta nación ad portas de la firma de un proceso de paz que, sin duda, terminara con el largo conflicto interno.

Es este nuevo periodo que se abre, fundamental para el desarrollo pleno de las capacidades del sector de la defensa colombiano, el que, en vistas de los previstos nuevos escenarios, ha venido sido apoyado por el Estado con el ánimo de impulsar la industria de la defensa y la seguridad a través principalmente de procesos de I+D.

El postconflicto, entendido como la anulación del terrorismo y el restablecimiento del orden público, será pues el espacio para desarrollar el conjunto de políticas socioeconómicas que a su vez posibiliten el inicio de crecimientos sostenidos en todos los aspectos y que den lugar a principios o nociones básicas de nación, ausentes en la actualidad.

La actual Administración colombiana ha considerado fundamental propiciar las condiciones que le permitan al Estado destinar parte de los recursos que hoy invierten en el conflicto, para mejorar los niveles de inversión social dirigidos a optimizar la calidad de vida de todos los nacionales, pero que desafortunadamente no se reflejan en el Presupuesto de Defensa, que para el 2016 disminuirá los rubros de inversión aún por debajo de los valores del 2015 y 2014 en una muestra del inmediato futuro.

De hecho, el pasado y presente de las Fuerzas Armadas fueron los de una institución que se vio obligada a asumir doctrinas, estrategias y roles de seguridad interna relegando su misión principal de garante de la soberanía territorial. El postconflicto entonces le permitirá retomar como objeto la vigilancia de los espacios aéreos, terrestres y marítimos nacionales, e incluso poder desarrollar nuevas misiones de carácter humanitario, en el marco de la cooperación internacional y bajo la bandera de las Naciones Unidas o la OEA por ejemplo, pero necesitando para ello de una serie de sistemas y equipos de los cuáles hoy injustificadamente adolece y que le puedan permitir garantizar esa soberanía y desarrollar esas misiones.

En igual aparte la Policía Nacional podrá reorientar sus prioridades en materia de seguridad y convivencia ciudadana para un mayor eficaz desarrollo de los Planes de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y el Programa Ciudad Segura y el combate a las bandas criminales, apoyados en un fuerte componente tecnológico, así como en un aumento en su pie de fuerza, particularmente para ser desplegado en las ciudades capitales, controlando así los niveles de inseguridad, que es la mayor preocupación de los ciudadanos colombianos. Esto implicará además estudiar con minucioso cuidado cómo utilizar las unidades del Ejército especializadas en la lucha contrainsurgente y antiterrorista y como aprovechar esa experiencia en el entendido de reconfigurar unas Fuerzas Militares cuya principal misión será en el futuro la defensa nacional.

Bienvenida entonces esta nueva era, en la que el papel de las Fuerzas Armadas de este país se redefinirá, pero conservando su principal razón de ser: el mantenimiento de la paz y la seguridad de todos los colombianos.

Finalizamos recordando que la paz entonces, más que una victoria, es reconciliación, revisión histórica, compromiso social, justicia transicional, esfuerzo y decisión política, pero sobre todo y más que nada, voluntad popular. Lo verdaderamente difícil no será pues lograrla, sino que podamos esforzarnos en querer mantenerla y conseguir, en definitiva, una paz sostenible.