Defex intento vender 200 Leopard a Arabia Saudí a espaldas del Gobierno español

El expresidente de Defex, José Ignacio Encinas Charro, intentó quitarle al Gobierno español un contrato para la venta de 200 carros de combate Leopard 2E a Arabia Saudí por un importe estimado de 2.400 millones de euros. El acuerdo se comenzó a negociar mediante la fórmula Gobierno a Gobierno, sin embargo Encinas envió una carta a espaldas del Gobierno español al Ministerio de Defensa saudí con el objetivo de intervenir en la operación.

En la misiva, fechada el 8 de junio de 2009, a la que ha tenido acceso el diario El Mundo, Encinas escribe como presidente de Defex, con el supuesto respaldo del Gobierno español, y asegura que en el contrato de los Leopard la empresa pública juega un papel importante. El expresidente además presenta en la carta a General Dynamics Santa Bárbara, empresa encarga de cerrar la operación y fabricar los Leopard.

Antes del envío de la carta, las negociaciones entre el Ministerio de Defensa español y el Gobierno saudí estaban muy avanzadas e incluso se elaboró un programa para una visita de una semana de una delegación saudí en España con el objetivo de cerrar el acuerdo.

De alguna forma, Encinas se enteró de las intenciones del Ejecutivo español y adjuntó en su misiva una agenda tentativa que incluía una visita a la fábrica de Leopard de Sevilla, pruebas de los carros de combate en instalaciones militares e incluso una demostración de doma de caballos de pura raza española.

Finalmente, el ministerio de Defensa descubrió el plan de Encinas, pidiendo que Defex quedara fuera de toda negociación. El contrato, sin embargo, no se llegó a cerrar por la muerte del rey Fahd de Arabia Saudí, impulsor del proyecto.

El caso Defex se descubrió cuando las autoridades luxemburguesas enviaron una comisión rogatoria a España en la que pedían explicaciones sobre una transferencia de 41 millones de euros desde Ángola a una cuenta conjunta de Defex y la empresa Comercial Cueto 92 en Luxemburgo.

Tras este movimiento, las investigaciones judiciales encontraron irregularidades en un contrato de Defex para la venta de armas a la Policía de Angola por un importe de 150 millones, del que solo se entregó la mitad del material y en el que se podrían haber desviado unos 60 millones de euros.