(Infodefensa.com) Madrid – Un documento interno elaborado por el Ejército del Aire admite la falta de control en la supervisión de la facturas falsas que están detrás del llamado 'caso Mudanzas', un presunto fraude de 10 millones de euros que investiga el Juzgado Togado Militar Central 2 de Madrid.
En la causa están imputados 46 oficiales y suboficiales por simular durante años facturas de mudanzas para recibir una indemnización por traslado forzoso, denominada ITR. Los militares están acusados de los delitos de deslealtad y contra la hacienda en el ámbito militar, castigados con entre tres meses y seis años de prisión.
Según informa el diario Abc, el informe de la Dirección de Seguridad y Protección de la Fuerza, del Cuartel General del Ejército del Aire, está fechado a 20 de julio de 2012 bajo el epígrafe 'Posibles actividades irregulares cometidas por el Teniente David Hernández Calet', el principal acusado del caso. La nota, a la que ha tenido acceso este periódico, va dirigida al entonces Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, general José Jiménez Ruiz, que una semana después sería sustituido por el Gobierno, junto al resto de los jefes de los Ejércitos, por el general Francisco Javier García Arnáiz, que firma la nota. Entre las “comprobaciones realizadas” por la sección de información interna se resume el modo de operación que tenía el teniente Calet y el resto de imputados en el fraude.
Los investigadores desmienten que las facturas originales se guardasen “en un cajón”, como declaró el supuesto cabecilla a los dueños de una de las empresas de mudanzas utilizadas en el fraude, pero “sí es cierto que Hacienda difícilmente puede controlar las mismas, ya que la Pagaduría (del Ejército del Aire) cuando abona a particulares (en este caso al militar afectado por el traslado a otra base) no realiza ninguna gestión informática que permita a Hacienda conocer que una empresa (de mudanzas) ha percibido ingresos por servicios e IVA”.
El 'caso Mudanzas' lo destapó en julio de 2012 un funcionario de la base de Getafe encargado de supervisar las cuentas. Fue en uno de los tres presupuestos de mudanza que presentaba cada solicitante, y que contenía “un error tipográfico” de una factura. Tras una serie de indagaciones la compañía SDR Mudanzas, de Madrid, denunció ante un juzgado que estaban usando su nombre para falsear los justificantes. Así se descubrió que había otras cinco compañías utilizadas y que la malversación podía ser masiva.
Las pesquisas continúan abiertas a la espera de que el juez procese a los imputados o dictamine el sobreseimiento de sus procedimientos. La causa llegó a tener más de 150 militares investigados, pero se ha reducido a 46.
Aunque no existe una cifra cerrada, las estimaciones del dinero presuntamente malversado podrían oscilar entre los siete y los 10,5 millones de euros, según el testimonio del teniente Calet.